La organización ultraderechista Manos Limpias presentó este miércoles una denuncia contra el magistrado Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, por haber "actuado conscientemente en contra de la ley". Y la fiscalía recurrió la decisión del juez por considerarla una "extralimitación" de sus competencias.
Pedraz, que investiga la muerte en 2003 del cámara de televisión español José Couso por un obús estadounidense contra el Hotel Palestina de Bagdad, donde se encontraban varios periodistas, se había negado a archivar el caso en un auto dictado el lunes.
El magistrado considera que la nueva limitación de la justicia universal en España es contraria a la Convención de Ginebra, que en un conflicto armado obliga "perseguir el delito (...), sea cual sea la nacionalidad de los autores y estén donde estén".
"La obligación es clara y terminante, sin que se reduzca, como en otros tratados, a una facultad del Estado parte", afirmaba en su auto.
Valiéndose de su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, el conservador Partido Popular (PP), del jefe del gobierno Mariano Rajoy, aprobó por procedimiento de urgencia a finales de febrero una proposición de ley que limita los casos en que un juez español puede investigar un delito ocurrido fuera de España, especialmente en causas de genocidio o lesa humanidad.
Este principio de jurisdicción universal había permitido iniciar acciones contra dictadores como el chileno Augusto Pinochet, detenido en 1998 en Londres por el ahora exjuez Baltasar Garzón.
Pero también originó tensiones diplomáticas con países como China, después que el magistrado que instruía un caso por "genocidio" en Tíbet en los años 1980-1990 emitiese en febrero una orden de busca y captura internacional contra el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng.
La nueva ley, aprobada según la oposición española en reacción a la indignación china, incluye una disposición que ordena el sobreseimiento, hasta que se demuestre si se cumplen los nuevos requisitos, de todos los casos que ya se están instruyendo, entre ellos el de Couso, por el que la justicia española reclama a tres militares estadounidenses.
La familia de Couso celebró el lunes "que la justicia en España sigue siendo independiente" y numerosos grupos de la oposición, entre ellos Izquierda Plural, el centrista UPyD y los nacionalistas catalanes de CiU, apoyaron la decisión de Pedraz.
La portavoz de los socialistas en el Congreso, Soraya Rodríguez, fue más lejos, recordando que desde el final de la dictadura franquista en 1975 sólo un juez puede cerrar una causa.
"Desde que murió Franco, los procedimientos judiciales abiertos por un juez se sobreseen por decisiones judiciales, y no por decisiones gubernativas", afirmó, sin descatar que otros magistrados sigan los pasos de Pedraz, el único que de momento tomó esta decisión.
Sin embargo, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtió al juez que "no puede dejar de aplicar una ley que ha salido de las Cortes Generales", al tiempo que su compañero de partido Carlos Floriano tildaba la decisión de Pedraz de "fuera de lugar" y aludía al "perfil ideológico del juez".
Unas palabras criticadas por Baltasar Garzón, abanderado español de la justicia universal inhabilitado en 2012 por un caso de escuchas ilegales, quien consideró que "en la ley que se ha aprobado hay elementos inquietantes".
"Esa norma dice que se sobreseerá por ley lo que corresponde a los jueces, para mí eso es una injerencia gravísima que puede trascender incluso a la usurpación de funciones", afirmó en una entrevista el martes por la noche con el canal de televisión privado La Sexta.
Otros juristas señalaron que Pedraz debería haber recurrido la limitación de la justicia universal ante el Tribunal Constitucional español en lugar de negarse a archivar el caso.
AFP | 19/03/2014 - 16:13
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