El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reavivado un debate que permanece latente en la política española: la necesidad de una ley de Huelga. Rajoy se refirió a este asunto en la entrevista que concedió a RNE el jueves, y lo hizo en estos términos: «Soy partidario de una Ley de Servicios mínimos, para que los servicios mínimos se cumplan, porque esa es una fórmula de hacer que dos derechos sean compatibles: el derecho a la huelga que reconoce nuestra Constitución y el derecho a la libertad que tienen los ciudadanos de que se les respete».
Rápidamente, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, apuntó que lo que proponía Rajoy era una «nueva ley de Huelga encubierta». Olvidaba Rodríguez que no hay ley como tal ahora mismo en España, pese a estar prevista en la Constitución, y también que el PSOE fue el primero que propuso una norma semejante, durante el Gobierno de Felipe González, pero la iniciativa decayó.
La última vez que se debatió con ganas sobre la necesidad de una ley de Huelga fue justo después de otra huelga salvaje en Madrid, en 2010, en este caso en el Metro, que afectó a dos millones de usuarios. Ahora vuelve a surgir la polémica, también después de otra huelga en la que no se han respetado los servicios mínimos, y que ha convertido Madrid en una pocilga durante casi dos semanas.
La Constitución Española, en su artículo 28.2, señala: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». La ley prevista, sin embargo, sigue sin existir.
¿Por qué? En primer lugar, cuando se pregunta a políticos del PSOE y del PP con conocimiento de causa se muestran partidarios de afrontar al menos ese debate sobre la regulación de este derecho fundamental, pero no en caliente. Creen que debe hacer cuando no existan conflictos sociales en activo. Los socialistas añaden que debe seruna ley para ordenar los servicios mínimos, y no para «restringir» el derecho. Solo se opone de plano la izquierda más radical del Parlamento, como la Izquierda Plural, que considera una vulneración del derecho cualquier intento de regularlo, al entender que siempre se hará para limitarlo.
Ahora mismo hay un Real Decreto-Ley preconstitucional, de 1977, de Relaciones de Trabajo, que fue depurado e interpretado por el Tribunal Constitucional en 1981. Desde entonces, hubo un intento para regular el derecho, tras la huelga general de 1988. Ocurrió en 1992, con Felipe González como presidente del Gobierno. Quiso aprobar un proyecto de ley orgánica de Huelga, pero decayó en 1993, por la disolución anticipada de las Cortes. El proyecto ya motivó divisiones importantes dentro del PSOE. Desde entonces, los intentos han caído en saco roto, aunque el debate se activa de forma regular.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reavivado un debate que permanece latente en la política española: la necesidad de una ley de Huelga. Rajoy se refirió a este asunto en la entrevista que concedió a RNE el jueves, y lo hizo en estos términos: «Soy partidario de una Ley de Servicios mínimos, para que los servicios mínimos se cumplan, porque esa es una fórmula de hacer que dos derechos sean compatibles: el derecho a la huelga que reconoce nuestra Constitución y el derecho a la libertad que tienen los ciudadanos de que se les respete».
Rápidamente, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, apuntó que lo que proponía Rajoy era una «nueva ley de Huelga encubierta». Olvidaba Rodríguez que no hay ley como tal ahora mismo en España, pese a estar prevista en la Constitución, y también que el PSOE fue el primero que propuso una norma semejante, durante el Gobierno de Felipe González, pero la iniciativa decayó.
La última vez que se debatió con ganas sobre la necesidad de una ley de Huelga fue justo después de otra huelga salvaje en Madrid, en 2010, en este caso en el Metro, que afectó a dos millones de usuarios. Ahora vuelve a surgir la polémica, también después de otra huelga en la que no se han respetado los servicios mínimos, y que ha convertido Madrid en una pocilga durante casi dos semanas.
La Constitución Española, en su artículo 28.2, señala: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». La ley prevista, sin embargo, sigue sin existir.
¿Por qué? En primer lugar, cuando se pregunta a políticos del PSOE y del PP con conocimiento de causa se muestran partidarios de afrontar al menos ese debate sobre la regulación de este derecho fundamental, pero no en caliente. Creen que debe hacer cuando no existan conflictos sociales en activo. Los socialistas añaden que debe seruna ley para ordenar los servicios mínimos, y no para «restringir» el derecho. Solo se opone de plano la izquierda más radical del Parlamento, como la Izquierda Plural, que considera una vulneración del derecho cualquier intento de regularlo, al entender que siempre se hará para limitarlo.
Ahora mismo hay un Real Decreto-Ley preconstitucional, de 1977, de Relaciones de Trabajo, que fue depurado e interpretado por el Tribunal Constitucional en 1981. Desde entonces, hubo un intento para regular el derecho, tras la huelga general de 1988. Ocurrió en 1992, con Felipe González como presidente del Gobierno. Quiso aprobar un proyecto de ley orgánica de Huelga, pero decayó en 1993, por la disolución anticipada de las Cortes. El proyecto ya motivó divisiones importantes dentro del PSOE. Desde entonces, los intentos han caído en saco roto, aunque el debate se activa de forma regular.
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