La normativa restringe los casos en los que la mujer podrá abortar al volver a un sistema de supuestos
EP/EFE / Madrid El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la mujer Embarazada, que reforma la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que comparece en rueda de prensa junto al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que ha llevado el texto ante el Consejo, que inicia así su trámite, con la remisión a los órganos consultivos, como el Consejo de Estado.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recalcó esta mañana que la reforma de la ley del aborto va en la línea de la ley que hubo en España durante veinte años y que fue aprobada por los gobiernos de Felipe González.
Rajoy se ha referido a la reforma de la ley del aborto en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bruselas al término de la reunión de la cumbre de la UE.
El jefe del Ejecutivo ha recordado que la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo estaba prevista en el programa electoral del Partido Popular.
Además, ha insistido en que los términos de la reforma van en la línea de la ley del aborto de los gobiernos socialistas de González.
El anteproyecto, que restringe los casos en los que la mujer podrá abortar al volver a un sistema de supuestos en lugar del actual de plazos, que permite la interrupción del embarazo libremente hasta la semana 14.
Aplicar la sentencia del Constitucional
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, siempre ha mantenido que se volverá a una ley de supuestos similar a la de 1985, que despenalizaba el aborto en caso de violación hasta las doce semanas, que se ampliaban hasta las 22 si había riesgo para la vida o la salud de la madre o graves anomalías en el feto.
La intención del Ejecutivo, según ha subrayado en varias ocasiones el ministro, es aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1985 en lo relativo a los derechos del no nacido.
El TC, en su resolución, señaló que la vida del nasciturus -el que va a nacer- es un bien jurídico que el Estado tiene la obligación de proteger, por lo que despenalizó este delito, recogido en el Código Penal, sólo en los supuestos en que los derechos del niño entraban en grave conflicto con los de la madre.
Para Gallardón, quien ha sostenido siempre que la reforma del aborto es una promesa electoral del PP, la actual legislación sólo vela por los derechos de la madre y no por los del feto.
Asimismo, el ministro ha insistido en sus distintas comparecencias en que, con la reforma, por primera vez en España no habrá reproche penal para la mujer que aborte, y que regulará la objeción de conciencia de los profesionales.
La malformación del feto no será un supuesto para abortar
Desde que el Ejecutivo anunció su intención de reformar la ley de plazos, el aborto en caso de malformación del feto ha sido uno de los asuntos más polémicos.
Gallardón aseguró en julio de 2012 que éste ya no será un supuesto para abortar en la nueva legislación, si bien en las siguientes comparecencias se ha limitado a señalar que resolverá las situaciones difíciles para la mujer en caso de malformación del feto cumpliendo los compromisos internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Otro de los aspectos que modificará el Ejecutivo es el relativo a las menores, ya que la actual ley establece la obligación de que uno de los padres o tutores sea informado, excepto si las chicas alegan coacciones o amenazas, en cuyo caso la decisión es del médico.
El ministro de Justicia ha reiterado que es necesario que las menores informen siempre a sus padres de la decisión de interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
El PSOE, por su parte, ha convocado una reunión de urgencia a la que asistirán miembros de la dirección del partido porque, según la vicesecretaria general, Elena Valenciano, los socialistas no se van a resignar ni "a admitir una nueva agresión del Gobierno de Rajoy contra la libertad de las mujeres.
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