La Ley de Evaluación Ambiental, que regula el fracking en España, entra en vigor mañana

Mañana entra en vigor la Ley de Evaluación Ambiental, que regula el fracking y los estudios de impacto ambiental, que deberán analizar el riesgo sísmico tras el caso de el almacén de gas Castor. El texto ha sido publicado hoy en el BOE.

Según establece la normativa, que unifica las normas sobre evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran de la técnica de fracking tendrán el visto bueno administrativo en un plazo de cuatro meses, prorrogable a dos más por razones justificadas y debidamente motivadas.

Hasta ahora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o las comunidades autónomas concedía las autorizaciones a los proyectos estudiando caso por caso, con la Ley del Sector de Hidrocarburos, de 1998, como única norma nacional.

Con la Ley de Evaluación Ambiental, el promotor del proyecto de extracción por fracking deberá elaborar previamente un estudio de impacto ambiental y presentar la documentación técnica pertinente. El órgano competente emitirá una declaración de impacto ambiental en el plazo máximo de seis meses, cuando actualmente esta situación puede demorarse varios años.




Según explicaba el pasado mes de noviembre la plataforma empresarial Shale Gas España, en la actualidad hay concedidos unos setenta permisos de exploración de hidrocarburos no convencionales que son "inversiones a riesgo", ya que no todos los proyectos tienen resultado positivo.

Almacén Castor
La Ley de Evaluación Ambiental también recoge que los estudios de impacto ambiental deben incorporar en su descripción técnica "la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto", para evitar casos como el almacén subterráneo de gas natural Castor, emplazado frente a las costas de Vinarós (Castellón) y que ha causado más de 300 temblores en el golfo de Valencia.

Lo mismo ocurre con la construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de al menos 2.100 metros.

Por último, la ley tipifica como infracción administrativa muy grave (multas de entre 200.001 a 2 millones de euros) los vertidos de materiales para rellenos no permitidos y la técnica del bunkering o las llamadas gasolineras flotantes, esto es, "el suministro o almacenamiento de combustible mediante el fondeo permanente de buques-tanque en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios protegidos Red Natura 2000, la recepción de dicho combustible, así como el abastecimiento de combustible a los referidos buques-tanque".