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España entierra la justicia universal

+ Josefina Molina "Abogados Elche"
España ya no investigará casos como el del exdictador chileno Augusto Pinochet.

España llegó a ser considerada la campeona de la justicia universal. Procesos como el del juez Baltasar Garzón contra Pinochet en 1998, y que lo tuvo detenido en Londres, marcaron un hito en la historia de la justicia ibérica y tuvieron una sonada repercusión mundial.

Pero, ahora, los jueces solo podrán juzgar delitos de lesa humanidad cometidos fuera de sus fronteras si el acusado es español o si es un extranjero residente en el país, según una reforma aprobada el martes en el Parlamento que prácticamente entierra la llamada justicia universal. El gobierno se encargará ahora de la redacción definitiva de la ley, que entrará en vigor en las próximas semanas.

Algunas asociaciones interpretaron la reforma como una respuesta diplomática a las quejas de Beijing por la orden de detención cursada recientemente por un magistrado español contra el expresidente chino Jiang Zemin, al que se imputan delitos de genocidio en Tíbet. Pero el gobernante Partido Popular dijo la finalidad es "delimitar con claridad" los crímenes que puedan ser perseguidos y no crear falsas expectativas.

La iniciativa que sale del Parlamento ordena que todos los procesos en curso que no cumplan este requisito sean inmediatamente sobreseídos. Lo que supone el archivo de la mayoría de sumarios abiertos, que no tienen españoles acusados. Es el caso del Tíbet, pero también otros como la muerte del camarógrafo español José Couso presuntamente por disparos de tropas estadounidenses en Irak en 2003 y la matanza de indígenas en la embajada española de Guatemala en 1980.




La propuesta salió adelante con los votos de la bancada del Partido Popular y el rechazo de toda la oposición en bloque. La portavoz socialista Soraya Rodríguez dijo que la reputación de España queda seriamente dañada y acusó al ejecutivo de "estrangular la justicia universal".

En 2009, el anterior gobierno socialista, con el apoyo de los populares, ya limitó la aplicación de la justicia universal a crímenes de lesa humanidad con víctimas españolas.

El principio por el que un Estado puede investigar crímenes contra la humanidad fuera de sus fronteras, ha sido una fuente inagotable de conflictos diplomáticos. Países afectados como Israel, Estados Unidos y China han expresado públicamente su malestar con los tribunales españoles al considerar que estaban invadiendo sus competencias.

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