España se fija en Chile para desarrollar la Ley de Transparencia

El país sudamericano fue pionero en implantar una Ley de Transparencia. Sus artífices expusieron la experiencia chilena como guía para el desarrollo de la norma en España.

España acaba de dar luz verde a la Ley de Transparencia, una norma que obligará a todas las administraciones públicas a ofrecer puntualmente a los ciudadanos la información que se les solicite. Su puesta en marcha comenzará por la Administración central y, en un plazo de dos años, tanto comunidades autónomas como entes locales deberán aplicarla, lo que supondrá la movilización de una serie de recursos económicos y humanos que plantea innumerables retos, sobre todos, para los municipios más pequeños. De estos retos se habló y se debatió extensamente en el III Foro de la Transparencia, que se celebró recientemente en el Senado. El encuentro estuvo organizado por la Fundación Chile-España, el Senado español, la Universidad de Alcalá y la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica de Chile, con la colaboración de la Embajada de Chile en España, el Consejo para la Transparencia y EXPANSIÓN. Los artífices de la norma chilena –país pionero a la hora de aprobar y poner en marcha una Ley de Transparencia, lo hizo en 2008– expusieron ante un grupo de expertos y políticos españoles el resultado de su experiencia. «Dar el paso de una sociedad abierta a una cerrada no es fácil», explicó Hernán Larraín, senador de Chile.



 El político enumeró los aciertos y errores que se han cometido en su país desde que se aprobara la primera norma parcial sobre transparencia, en 1999. En primer lugar, citó la importancia de que la norma sea transversal, que implique a toda la sociedad. En segundo lugar, insistió en la necesidad de que las excepciones a la norma sean las menos posible: «Al principio hicimos algunas concesiones, decidimos que alguna materias podían ser consideradas reservadas; al final, sin embargo, nos encontramos con que todo era reservado», explicó Larraín. Para evitar esa opacidad, la norma se reformó y, en la actualidad, solo quedan fuera del alcance de los ciudadanos aquellas materias que afectan directamente a la seguridad nacional, a los derechos de las personas o a los documentos declarados secretos por la Justicia. Para velar por el cumplimiento de la Ley, en Chile se puso en marcha un Consejo para la Transparencia que se ocupa de capacitar funcionarios, controlar y evaluar el cumplimiento de la norma y estudiar posibles avances. El un órgano autónomo cuya tarea ha sido «fundamental», según el senador chileno. El Gobierno ha tenido muy presente la experiencia chilena a la hora de elaborar su propia ley: «Sobre todo nos hemos fijado en Chile, tanto en su modelo legislativo como de gestión», reconoció José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes e ideólogo de la norma española. En cuanto a los retos que plantea su implantación, José Enrique Serrano y Pedro Gómez de la Serna, ponentes del PSOE y del PP, respectivamente, de la Ley de Transparencia, hicieron especial hincapié en las dificultades que planteará su obligada puesta en marcha en los ayuntamientos más pequeños. «Exigirá readaptaciones en todo el sector público y habrá resistencias», vaticinó de la Serna. Serrano coincidió con el análisis del diputado popular y se preguntó también cómo se hará cumplir la ley a las empresas privadas, cuando la publicación de cierta información sea susceptible de vulnerar las reglas de la competencia. Los pilares de la norma española l Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo ejercerá tareas de control. En caso de que se incumpla la ley, podrá dictar resoluciones e incluso podrá ordenar el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan. Cada año, elevará a las Cortes Generales una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. Portal de la Transparencia. La Administración General del Estado desarrollará en Internet un Portal dela Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información pública que soliciten. Sanciones. La ley prevé sanciones para las personas o administraciones que incumplan los preceptos de la norma. Las sanciones leves conllevarán una amonestación: en cuanto a las graves, las personas sancionadas serán destituidas del cargo que ocupen y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años. Plazos. La Administración General del Estado aplicará la ley en primer lugar. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse. Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades privadas que reciban subvenciones públicas por más de 100.000 euros también deberán cumplir la ley.

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